El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que amplía el alcance de las sanciones contra Cuba, en el marco de una política de presión que su administración ha intensificado desde comienzos de año.

Las nuevas disposiciones incluyen restricciones a personas y entidades vinculadas a sectores considerados estratégicos, como energía, minería, defensa y seguridad, así como a quienes, según Washington, respalden al Gobierno cubano.

El decreto también contempla sanciones individuales contra funcionarios señalados por presuntos abusos a los derechos humanos o actos de corrupción, que podrían implicar congelamiento de activos y limitaciones en el acceso al sistema financiero estadounidense.

Desde la Casa Blanca se reiteró que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, argumento que ha sido utilizado para sustentar el endurecimiento de las medidas.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó las acusaciones y cuestionó la decisión, asegurando que su país no constituye un riesgo para la nación norteamericana.

Las sanciones se suman al embargo económico vigente desde la década de 1960, en un contexto de tensiones diplomáticas persistentes y dificultades económicas y energéticas en la isla. Mientras Estados Unidos insiste en la necesidad de cambios políticos, el Gobierno cubano ha reiterado su disposición al diálogo, aunque subraya que no negociará aspectos relacionados con su soberanía.