La decisión de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio provocó una rápida reacción de dirigentes políticos, congresistas y miembros del Gobierno, quienes han expresado posiciones encontradas sobre la legalidad y los efectos de la medida adoptada por la representante Gloria Arizabaleta.

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación para ordenar una suspensión de esta naturaleza. Diversas voces del ámbito político y jurídico han señalado que una decisión de este alcance requeriría la participación de otros órganos legislativos, mientras que otros sectores consideran que el caso debe ser analizado a la luz de las facultades de la instancia investigadora.

Desde el Gobierno y sectores afines al presidente se pronunciaron figuras como Armando Benedetti, Martha Carvajalino, Roy Barreras y Gustavo Bolívar, quienes cuestionaron la validez jurídica de la medida. Por su parte, dirigentes de oposición como María Fernanda Cabal y Daniel Briceño también manifestaron reservas sobre la competencia de la Comisión para adoptar una decisión de este tipo, aunque desde perspectivas políticas distintas.

La controversia también generó pronunciamientos de figuras como Vicky Dávila, quien calificó la medida como una estrategia política. Mientras tanto, persisten las dudas sobre los efectos prácticos de la decisión y el eventual trámite que deberá surtir dentro de las instancias competentes, en un contexto marcado por la cercanía de la segunda vuelta presidencial.