Restrepo aseguró que el denominado impuesto saludable “no tiene ningún sentido”, que condiciona los hábitos de consumo de los ciudadanos y que fue adoptado por “razones ideológicas”. Sin embargo, el colectivo jurídico rechazó esas afirmaciones y sostuvo que carecen de sustento técnico.

La abogada Yessika Hoyos Morales afirmó que el impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados ha sido defendido por distintas organizaciones debido a su impacto en la protección de la salud pública, especialmente entre niños, niñas y adolescentes afectados por enfermedades asociadas al alto consumo de estos productos.

Según Hoyos, la medida no responde a una postura ideológica, sino a una estrategia promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar problemas de salud derivados de la alimentación poco saludable.

El colectivo recordó además que el impuesto a las bebidas endulzadas se aplica en más de 74 países, por lo que consideró improcedente plantear su eliminación. A juicio de la organización, desmontar este mecanismo tendría efectos negativos sobre la salud de los colombianos y desconocería el principio de no regresividad en materia de derechos.

“Eliminarlo afectaría la salud de los colombianos. Hay un principio de no regresividad y esperamos que quien llegue a la Presidencia cumpla estos principios”, señaló Hoyos.

La jurista insistió en que el impuesto saludable debe entenderse como una política de salud pública y no únicamente como una herramienta de recaudo fiscal. “Eso no es una política impositiva, es una política de salud; seguramente hay que mantenerla y revisarla permanentemente”, concluyó.