Según fuentes vinculadas a los acercamientos, la organización liderada por Digno Palomino no alcanzó un acuerdo sobre las condiciones de sometimiento a la justicia que eran consideradas necesarias para avanzar hacia una fase formal de diálogo. 

Entre los puntos de discusión figuraba la entrega de información relacionada con las zonas donde la estructura tendría influencia y las actividades ilícitas que presuntamente desarrollaba en esos sectores.

De acuerdo con versiones conocidas durante el proceso, la defensa de Palomino habría manifestado preocupaciones sobre las garantías para los integrantes de la organización, al considerar que la información suministrada podría ser utilizada posteriormente para atribuirles hechos violentos ocurridos en esos territorios.

Pese a varios intentos de concertación, las partes no lograron un entendimiento.

Así lo confirmó el facilitador del proceso, Camilo Pineda, quien señaló que con Los Pepes no fue posible concretar un acuerdo de sometimiento a la justicia dentro del marco de las conversaciones sociojurídicas que se venían adelantando.

No obstante, Pineda indicó que la situación no representa necesariamente el cierre definitivo de los esfuerzos de paz urbana, sino una etapa más dentro de la fase exploratoria que busca determinar la viabilidad de instalar formalmente una mesa de diálogo, decisión que deberá ser evaluada por el Gobierno nacional.

Mientras tanto, la estructura criminal Los Costeños, liderada por Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido con el alias de 'Castor', continúa participando en los acercamientos. Según los facilitadores, esa organización ha mantenido su disposición al diálogo y ha mostrado señales de avance dentro del proceso.

En ese contexto, está prevista una reunión entre los facilitadores y el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, con el fin de revisar el estado de las conversaciones y definir los próximos pasos de la estrategia de paz urbana en Barranquilla y su área metropolitana.

Cabe recordar que Los Pepes y Los Costeños habían logrado una tregua temporal entre octubre de 2025 y enero de 2026. Sin embargo, las demoras en el traslado de algunos cabecillas a centros penitenciarios de Barranquilla impidieron la continuidad de ese acuerdo, mientras que los indicadores de violencia en el Atlántico registraron un incremento durante los meses posteriores.