En una entrevista concedida a El Espectador, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó que el gobierno de Abelardo De la Espriella pondrá en marcha un bloque anticorrupción adscrito directamente a la Presidencia para supervisar la contratación estatal y fortalecer los mecanismos de control durante la transición. La estrategia contempla la creación de delegados regionales, equipos de inspección y auditorías forenses sobre entidades del orden nacional.

Durante la conversación con el diario, Lara aseguró que existen indicios de una acelerada adjudicación de contratos por parte del gobierno saliente y mencionó entidades como el Ministerio de Defensa y la Aeronáutica Civil entre las que, según dijo, deberán ser objeto de revisión. No obstante, las afirmaciones corresponden a denuncias e interpretaciones del funcionario designado y, hasta el momento, no han sido respaldadas por decisiones judiciales o hallazgos oficiales que confirmen las presuntas irregularidades señaladas.

El próximo ministro también cuestionó el balance de la política de “Paz Total” y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que el país aún espera resultados en materia de justicia y sanciones. Asimismo, aseguró que la relación del nuevo gobierno con el Congreso se desarrollará bajo principios de transparencia y sin acuerdos burocráticos, una promesa que deberá ser puesta a prueba una vez inicie el trámite de las reformas legislativas.

Las declaraciones de Lara anticipan una estrategia de confrontación con la administración saliente, basada en la revisión de su gestión y en un discurso de lucha contra la corrupción. Sin embargo, expertos en derecho público recuerdan que cualquier señalamiento sobre posibles delitos deberá sustentarse en investigaciones de los órganos competentes y respetar el debido proceso, evitando que las denuncias políticas sustituyan las decisiones de la justicia.