El grupo armado ilegal envió una carta al presidente electo en la que manifestó su disposición al diálogo, aunque condicionó cualquier avance a la expedición de garantías jurídicas y de seguridad.

El Clan del Golfo, que se identifica en la comunicación como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), envió una carta al presidente electo, Abelardo De la Espriella, en la que expresó su interés en avanzar hacia un eventual sometimiento a la justicia o un proceso de conversaciones con el nuevo gobierno. En el documento, la organización aseguró estar dispuesta a acogerse al Estado de derecho, pero advirtió que cualquier acercamiento dependerá de la existencia de un marco jurídico que brinde garantías a sus integrantes.

Entre las condiciones planteadas figuran medidas de seguridad para los miembros del grupo y las comunidades donde tiene presencia, además de la expedición de una ley que contemple beneficios jurídicos, mecanismos de verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. La organización también argumentó que el marco legal vigente resulta insuficiente para un proceso de sometimiento de sus características y citó decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia para respaldar su posición.

La comunicación se conoce en un momento en que el presidente electo ha endurecido su discurso frente a las organizaciones armadas ilegales. En los últimos días, De la Espriella anunció que impulsará investigaciones relacionadas con presuntos contactos del gobierno saliente con el Clan del Golfo y ha cuestionado la política de “Paz Total”, al considerar que fortaleció a estos grupos durante la administración anterior. La carta pone a prueba esa postura y anticipa uno de los primeros desafíos en materia de seguridad para el nuevo gobierno.

Aunque el grupo armado manifestó su disposición a recibir al futuro comisionado de Paz y continuar las conversaciones con acompañamiento internacional, cualquier eventual proceso dependerá de la posición que adopte el gobierno entrante y del marco constitucional y legal aplicable. Analistas recuerdan que la apertura de diálogos con organizaciones criminales exige procedimientos definidos por la ley y no implica, por sí misma, el reconocimiento de sus pretensiones jurídicas o políticas.