En el fallo, el alto tribunal concluyó que la actuación del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) constituyó una grave violación de los derechos humanos, al determinar que el uso de la fuerza excedió los estándares constitucionales e internacionales exigidos para este tipo de procedimientos.

Dilan Cruz recibió un impacto en la cabeza de una munición tipo bean bag disparada por un integrante del ESMAD durante una manifestación. Días después falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Como parte de la decisión, el Tribunal confirmó la condena contra la Policía Nacional y ordenó la reparación económica a los familiares de la víctima, al considerar acreditada la responsabilidad del Estado por los hechos.

El pronunciamiento cobra especial relevancia en medio del anuncio del Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de restablecer un grupo antidisturbios con características similares al ESMAD para enfrentar protestas que deriven en hechos violentos, una propuesta defendida por el ministro de Defensa designado.

La decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa el debate entre quienes consideran necesario contar con una unidad especializada para controlar disturbios y quienes insisten en que cualquier esquema de intervención debe garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que se repitan casos como el de Dilan Cruz.