Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

La decisión judicial hace parte del proceso que adelantan las autoridades para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de la menor, un caso que causó conmoción e indignación en el Atlántico y motivó el despliegue de operativos investigativos.

La Fiscalía y las demás autoridades continúan recolectando pruebas para avanzar en la investigación y establecer todas las responsabilidades relacionadas con este crimen, mientras el capturado permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo del proceso judicial.