El exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna fue condenado a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión por los abusos sexuales cometidos contra tres menores de edad entre 2004 y 2006, cuando permanecía recluido en distintos centros penitenciarios del país. La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta, tras una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.
La sentencia declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad, por lo que las conductas son imprescriptibles y pueden ser investigadas y juzgadas sin límite de tiempo. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impuso el pago de una multa.
De acuerdo con la Fiscalía, Giraldo obligaba a las víctimas a visitarlo en las cárceles donde permanecía detenido. En esos lugares, las menores eran sometidas a agresiones sexuales y otros actos ilícitos.
La investigación estableció que el excomandante del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se aprovechó de su posición de poder para obligar a tres niñas, de 11 y 12 años, a mantener relaciones sexuales con él, residir en fincas bajo su control y acudir periódicamente a los establecimientos penitenciarios donde se encontraba privado de la libertad.
El ente acusador también documentó que una de las víctimas quedó embarazada a los 14 años y fue obligada a abortar por orden de Giraldo. Otra de las menores dio a luz a un hijo como consecuencia de los reiterados abusos sexuales, mientras que una tercera, quien presentaba una discapacidad cognitiva, fue sometida a condiciones de servidumbre.
Durante las audiencias realizadas el año pasado, Giraldo aceptó su responsabilidad y se acogió a una sentencia anticipada. En consecuencia, el juzgado lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura, todas estas conductas cometidas contra personas protegidas en el marco del conflicto armado.
Hernán Giraldo Serna se desmovilizó junto con más de mil integrantes de las AUC en 2006. Posteriormente fue excluido del proceso de Justicia y Paz por incumplir los compromisos asumidos en ese mecanismo de justicia transicional.
En 2008 fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico. Tras cumplir esa pena, regresó a Colombia en calidad de deportado en 2021 para responder ante la justicia por los delitos que le son atribuidos en el marco del conflicto armado.