El Ministerio del Trabajo derogó o dejó sin efecto 11 circulares laborales mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026.
La decisión se tomó después de una revisión jurídica y normativa. Según la entidad, algunas circulares incluían procedimientos, requisitos, fórmulas y consecuencias jurídicas que no podían establecerse mediante este tipo de documento administrativo.
¿Qué temas estaban incluidos?
Las circulares abordaban asuntos como:
- Jornada laboral y horas extras.
- Remuneración a destajo.
- Estabilidad laboral reforzada.
- Libertad sindical y negociación colectiva.
- Trabajo doméstico.
- Procesos disciplinarios.
- Plataformas digitales de reparto.
La derogatoria no elimina estos derechos ni modifica por sí sola sus reglas. Las materias seguirán reguladas por la Constitución, las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia vigente.
Cambios en la estabilidad reforzada
Uno de los principales efectos se relaciona con la estabilidad laboral u ocupacional reforzada.
Las circulares fijaban requisitos, documentos, cargas probatorias y etapas para algunos trámites. Esas exigencias ya no podrán aplicarse como reglas autónomas basadas únicamente en una circular.
El Ministerio deberá elaborar nuevos instrumentos. También tendrá que diferenciar las reglas según el tipo de vínculo laboral y la situación de cada trabajador.
Trabajo doméstico y plataformas digitales
La resolución también modifica los lineamientos sobre trabajo doméstico.
Los inspectores no podrán justificar únicamente en sus facultades generales el ingreso a una vivienda sin consentimiento. Si encuentran un riesgo grave o inminente, deberán informar o activar a las autoridades competentes.
En el caso de las plataformas digitales de reparto, el Ministerio deberá revisar su protocolo de inspección. El objetivo es ajustarlo a las competencias legales de la entidad y a las normas recientes aplicables al sector.
¿Qué pasa con los procesos en curso?
La derogatoria no ordena automáticamente archivar ni terminar los procesos administrativos que ya comenzaron.
En cada expediente, las autoridades deberán establecer cuáles son las normas vigentes aplicables. La decisión dependerá de las circunstancias y del momento en que se inició cada actuación.
El Ministerio tendrá 30 días hábiles para identificar los lineamientos que deben reconstruirse. Las nuevas instrucciones no podrán imponer obligaciones a trabajadores o empleadores sin respaldo en una norma jurídica válida.
