Organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos advierten sobre el riesgo de que el etiquetado frontal de advertencia y los llamados impuestos saludables sean debilitados en Colombia por cuestionamientos e intereses de sectores políticos y económicos.

Los sellos que alertan sobre el exceso de azúcares, sodio y grasas en los productos, así como los impuestos aplicados a determinados alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, fueron concebidos como herramientas de salud pública para desestimular su consumo y prevenir enfermedades asociadas con dietas poco saludables.

Desde FIAN Colombia sostienen que el país ha avanzado en la implementación de estas medidas, en línea con recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, advierten que actualmente enfrentan cuestionamientos que podrían derivar en modificaciones o incluso en su eliminación.

Milena Waldron, nutricionista y coordinadora del área de Nutrición de FIAN Colombia, señala que un eventual debilitamiento de estas políticas representaría un retroceso en materia de salud pública, teniendo en cuenta la relación entre el consumo frecuente de productos ultraprocesados y enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Las organizaciones también llaman la atención sobre el costo que estas enfermedades representan para el sistema de salud. Por ello, consideran que el debate no debería limitarse al impacto de estas medidas sobre los consumidores o la industria, sino incorporar los costos económicos y sociales derivados de atender enfermedades asociadas con hábitos alimentarios poco saludables.Para los sectores que defienden estas políticas, detrás de los cuestionamientos también existen intereses económicos de una industria que puede verse afectada por una eventual reducción en el consumo de productos gravados o identificados con sellos de advertencia.

FIAN Colombia, junto con organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos, pide mantener y fortalecer estas herramientas, especialmente aquellas dirigidas a proteger a niños, niñas y adolescentes.

La discusión, plantean, debería orientarse a evaluar y mejorar la efectividad de las medidas, y no a debilitarlas. Para estas organizaciones, la formulación de las políticas alimentarias debe priorizar el derecho a una alimentación adecuada y la protección de la salud pública frente a posibles intereses políticos o económicos.