La emergencia por incendios forestales mantiene en alerta a varias regiones de Colombia. Según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este lunes 24 de agosto permanecían nueve incendios activos y dos controlados, mientras cuatro departamentos continuaban bajo seguimiento. El panorama más complejo se registra en Tolima, donde las conflagraciones han afectado más de 30.000 hectáreas de cobertura vegetal en al menos 28 municipios.
El impacto también alcanza al sector agropecuario. De acuerdo con cifras de Cortolima y la Gobernación del Tolima, las llamas han afectado cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano, además de dejar a unas 18.000 cabezas de ganado sin fuente de alimento. Las pérdidas económicas reportadas para el sector agropecuario superan los $44.000 millones, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas donde existe riesgo de reactivación del fuego.
En los municipios de San Luis, Suárez, Coello y Guamo, las autoridades reportaron incendios controlados, aunque continúan las labores de monitoreo. Más de 306 personas, entre ellas 182 bomberos provenientes de diferentes departamentos, participan en las labores de atención. Las condiciones de altas temperaturas, sequía y fuertes ráfagas de viento han dificultado el control de las llamas y llevaron a las autoridades a solicitar que el apoyo aéreo se mantenga durante las jornadas de trabajo.
Paralelamente, las autoridades investigan si algunos de los incendios pudieron haber sido provocados de manera intencional. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que se analiza información sobre una posible participación de disidencias de las Farc y estructuras relacionadas con la minería ilegal, que presuntamente podrían estar utilizando las quemas para distraer a la Fuerza Pública. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, también afirmó que existen indicios de posibles acciones deliberadas y advirtió que, de comprobarse responsabilidades, podrían aplicarse las sanciones contempladas en el artículo 350 del Código Penal.
Ante la magnitud de la emergencia, la Defensoría del Pueblo pidió reforzar el apoyo del Gobierno nacional al Tolima y establecer medidas adicionales para contener los incendios y prevenir nuevas conflagraciones. El organismo advirtió que las llamas continúan representando un riesgo para comunidades, viviendas, ecosistemas y medios de vida. Mientras avanzan las labores de extinción y las investigaciones sobre el origen de algunos incendios, las autoridades mantienen el llamado a fortalecer la prevención y vigilancia en las zonas más vulnerables.
