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Golpe al robo de combustible en Antioquia: 10 capturados y pérdidas superiores a $8.000 millones
Las autoridades desarticularon una estructura señalada de extraer hidrocarburos del poliducto Sebastopol–Medellín, en una operación que también apunta a las finanzas de organizaciones criminales
Por Tania Patiño
Publicado en 25/08/2026 05:30
JUDICIALES

La Fuerza Pública reportó la captura de 10 personas en Antioquia, señaladas de integrar una estructura dedicada al hurto de hidrocarburos del poliducto Sebastopol–Medellín. De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, las actividades de esta organización habrían generado pérdidas superiores a $8.000 millones para Ecopetrol.

Según las autoridades, el combustible presuntamente sustraído tendría diferentes destinos dentro de actividades ilícitas, entre ellas el abastecimiento de operaciones de minería ilegal y el procesamiento de cocaína. Además, una parte de los recursos obtenidos mediante esta actividad habría terminado financiando estructuras criminales.

El Gobierno señaló que cerca del 20 % de las ganancias relacionadas con el negocio ilegal habría llegado a una subestructura del Clan del Golfo. Esta información hace parte de las hipótesis y elementos de investigación de las autoridades, que buscan establecer el nivel de participación de cada uno de los capturados dentro de la presunta organización.

El operativo hace parte de las acciones dirigidas a afectar las fuentes de financiación de las estructuras criminales, particularmente aquellas relacionadas con el narcotráfico y otras economías ilícitas. Las autoridades buscan determinar además si existen más personas involucradas en la cadena de extracción, transporte, comercialización y utilización del combustible.

El Gobierno aseguró que continuará adelantando operaciones contra las redes que participan en estas actividades y que el objetivo es afectar toda la cadena criminal, desde el hurto del hidrocarburo hasta su utilización para financiar otras actividades ilegales. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

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