El Ministerio de Educación puso en consulta pública un proyecto de decreto que modificaría disposiciones del Decreto 1075 de 2015 sobre la prestación y administración del servicio educativo en Colombia. La propuesta plantea nuevas modalidades de contratación para que las entidades territoriales certificadas puedan recurrir a terceros cuando no tengan capacidad suficiente para atender la demanda educativa con sus propios establecimientos oficiales.

Uno de los puntos que más debate genera es la posibilidad de contratar personas jurídicas públicas o privadas con experiencia e idoneidad para organizar, coordinar, administrar y dirigir uno o varios colegios oficiales. Estos contratos tendrían una duración de mínimo dos y máximo 12 años, y el operador debería acreditar al menos 10 años de experiencia en la administración o prestación del servicio educativo. Aunque los colegios conservarían su carácter público, parte de su operación cotidiana quedaría en manos del contratista.

El proyecto también contempla un cambio en las condiciones laborales del personal vinculado por estos operadores. Docentes, directivos docentes y trabajadores administrativos contratados por el tercero estarían sometidos al régimen laboral privado y no tendrían vinculación con la entidad territorial. Además, el contratista no podría utilizar personal perteneciente a la planta oficial para ejecutar el contrato. Esto podría generar, en un mismo establecimiento público, la coexistencia de trabajadores bajo diferentes regímenes laborales.

Otro aspecto que ha despertado controversia es la posibilidad de celebrar contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias de carácter pedagógico en establecimientos oficiales. La propuesta establece que las entidades territoriales aportarían la infraestructura y el personal con el que cuenten, mientras las organizaciones religiosas podrían proporcionar componentes adicionales de apoyo pedagógico y administrativo, incluidos aquellos relacionados con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o el Proyecto Educativo Comunitario (PEC). El documento, sin embargo, no plantea que las iglesias asuman directamente la administración general de los colegios mediante esta modalidad.

El Ministerio plantea que la contratación con terceros tenga un carácter excepcional y progresivamente decreciente, y exige estudios técnicos que demuestren problemas de capacidad relacionados con cupos, infraestructura o disponibilidad de docentes. La propuesta ya genera rechazo de FECODE, que advierte sobre un posible avance hacia la privatización de la educación pública. No obstante, el documento actualmente en consulta no establece la privatización de los colegios, sino nuevas modalidades de administración y prestación mediante terceros. El proyecto todavía no es una norma definitiva y podría sufrir modificaciones antes de una eventual expedición.