La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional, pero devolvió a la Cámara de Representantes diez disposiciones que deberán ser corregidas por problemas de procedimiento. La decisión evita, por ahora, que la Ley 2381 de 2024 quede anulada en su totalidad y mantiene en pie la estructura general del nuevo sistema, cuya entrada en vigencia para las normas declaradas exequibles quedó fijada para el 1 de abril de 2027.
La determinación fue recibida con alivio por Asofondos. Su presidente, Andrés Velasco, sostuvo que Colombia ya cuenta con una reforma pensional y destacó que la mayoría de los más de 90 artículos de la ley fueron declarados exequibles. Según su lectura, permanecen los cuatro pilares del sistema: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. En el componente contributivo, Colpensiones administraría los aportes correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que el ahorro por encima de ese umbral continuaría bajo administración de fondos privados.
En una línea similar, Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, calificó el fallo como un “salvavidas” para la reforma pensional, al considerar que la Corte optó por una salida intermedia: mantener el núcleo del modelo y devolver únicamente los apartados cuestionados. El abogado destacó que la decisión conserva el sistema de pilares y la participación de las administradoras privadas para los recursos que superen el umbral establecido, aunque cuestionó que 2,3 salarios mínimos representan un límite elevado. También señaló que todavía existen interrogantes sobre el manejo futuro de recursos actualmente administrados por fondos privados y sobre otros elementos como la reducción de semanas de cotización para las mujeres por cada hijo.
Ahora el balón queda en la Cámara de Representantes, que tendrá 30 días hábiles desde la notificación de la sentencia para subsanar los problemas identificados. Los puntos devueltos corresponden a apartados de los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93, además de una proposición para incorporar un nuevo artículo. Si alguno de estos asuntos exige conciliación entre Senado y Cámara, el procedimiento deberá adelantarse durante la actual legislatura.
El desenlace, sin embargo, todavía tiene un capítulo pendiente. Una vez finalice el trámite, la Presidencia de la Cámara deberá enviar a la Corte Constitucional las actas, documentos e informe sobre el cumplimiento de la sentencia, para que el alto tribunal determine si las irregularidades fueron correctamente subsanadas. Cuervo advirtió que un eventual rechazo, archivo o falta de pronunciamiento del Congreso podría generar un escenario de incertidumbre jurídica. Por ahora, la reforma no se cayó, pero los próximos 30 días serán decisivos para saber qué tan intacta llegará a su entrada en vigencia en 2027.
