El Gobierno de Abelardo De La Espriella avanza en una estrategia que busca llevar a altamar a algunos de los cabecillas criminales considerados de mayor peligrosidad, bajo el argumento de impedir que continúen utilizando las cárceles como centros de mando. Entre los nombres que aparecen en una lista preliminar figuran Digno Palomino, señalado como cabecilla de Los Pepes, y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, relacionados por las autoridades con estructuras dedicadas a la extorsión en la región Caribe.

La propuesta contempla la creación de una Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), mediante la adaptación de embarcaciones para funcionar como centros de reclusión en altamar. El esquema buscaría integrar las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Armada de Colombia, con fuertes restricciones a las comunicaciones y al contacto de los internos con personas en libertad. El objetivo declarado es atacar una de las principales dificultades que enfrenta el Estado: cabecillas que, aun estando tras las rejas, presuntamente continúan impartiendo órdenes a sus estructuras criminales.

De acuerdo con la información conocida, nueve nombres aparecen inicialmente en el borrador: Digno Palomino, ‘Negro Ober’, ‘Marihuano’, ‘Carnal’, ‘Robincito’, ‘Juanito’, ‘Cabeza de Hacha’, ‘Chucho Rayo’ y ‘Tinejo’. Entre ellos también figuran personas señaladas de ejercer liderazgo sobre estructuras criminales en Santander, Magdalena, Meta y Tolima. El listado habría sido entregado por el Inpec al Gobierno antes del consejo de seguridad realizado en Barranquilla, aunque todavía no constituye una orden oficial de traslado.

En el caso de ‘Negro Ober’, las autoridades lo han señalado de pertenecer a Los Rastrojos Costeños y de mantener presuntamente capacidad para coordinar actividades de extorsión desde prisión. Por su parte, Digno Palomino ha sido identificado como uno de los principales cabecillas de estructuras criminales con influencia en Barranquilla y su área metropolitana. Precisamente, estos perfiles son los que el Gobierno pretende mantener completamente aislados de las redes criminales que continúan operando en territorio nacional.

La iniciativa contempla inicialmente la posibilidad de ubicar las embarcaciones en zonas marítimas estratégicas de Cartagena y Buenaventura, con participación de la Armada y la Dirección General Marítima (Dimar). El Ministerio de Defensa ya informó que se avanzará en la implementación de la estrategia REMAS; sin embargo, los nueve nombres siguen siendo preliminares y no existe confirmación de que todos serán trasladados. La propuesta deberá superar todavía su etapa de estructuración, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de demostrar que llevar a los principales cabecillas al mar será realmente una solución efectiva y no solamente una de las medidas más llamativas de su política contra el crimen.