De acuerdo con la información conocida, los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dejarían de desempeñar estas funciones administrativas y pasarían a concentrarse en labores propias de su competencia.

Los exintegrantes de la Fuerza Pública que sean designados para estos cargos estarían adelantando un curso de administración penitenciaria como parte del proceso de preparación para asumir responsabilidades en los establecimientos carcelarios.

La medida se plantea en medio de los cuestionamientos y casos de corrupción que han afectado al sistema penitenciario. Aunque se ha señalado que las investigaciones no involucran a la totalidad de los funcionarios del Inpec, los recientes escándalos han generado críticas sobre los controles internos y la administración de algunos centros de reclusión.

Investigación por irregularidades en la cárcel de Itagüí

Uno de los casos que ha generado mayor atención es el relacionado con la cárcel de Itagüí, donde permanecían recluidos integrantes y cabecillas de estructuras criminales.

Investigaciones periodísticas han documentado presuntas irregularidades en ese establecimiento, entre ellas la realización de una celebración con una agrupación vallenata, además de adecuaciones en algunas celdas para mejorar las condiciones de los internos.

También se han reportado inconsistencias relacionadas con determinados traslados de personas privadas de la libertad, así como información que habría desaparecido de los sistemas de registro penitenciario.

Otro de los elementos revelados corresponde a una directiva interna que habría establecido condiciones especiales para algunos internos. El documento aparece firmado por el coronel Rolando Ramírez, quien, según los reportes conocidos, tenía facultades relacionadas con la autorización de determinados beneficios.

Entre las condiciones señaladas figuran el uso de una sala exclusiva para reuniones con delegados, encuentros hasta altas horas de la noche, esquemas diferenciados para las visitas familiares y el ingreso de alimentos preparados fuera del establecimiento.

Los internos involucrados hacían parte de mesas de diálogo impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro, circunstancia en la que se habrían establecido algunas de estas condiciones especiales.

Los cambios en las direcciones y subdirecciones de los establecimientos penitenciarios hacen parte de las medidas que se estudian en respuesta a los cuestionamientos sobre el funcionamiento y los controles del sistema carcelario.