La Procuraduría General de la Nación inició actuaciones preventivas para revisar las condiciones del acuerdo suscrito entre Air-e, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y la empresa China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), por un monto de hasta un billón de pesos.
El acuerdo contempla la financiación de proyectos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El Ministerio Público requirió a Air-e y a la Superservicios información detallada sobre el negocio, con el propósito de establecer las condiciones jurídicas, financieras y regulatorias bajo las cuales fue celebrado.
El procurador general, Gregorio Eljach, señaló que la entidad conoció del caso a través de información publicada por EL HERALDO y decidió verificar preventivamente si el acuerdo se ajusta a las normas aplicables.
“Nosotros siempre hacemos prevención. No estamos buscando a quién sancionar, sino prevenir el daño”, afirmó Eljach, quien agregó que, de encontrarse irregularidades, estas deberán ser corregidas y los responsables responder.
Uno de los aspectos que busca esclarecer la Procuraduría es si el negocio requería autorización previa, aprobación o algún tipo de aval de la Superservicios, teniendo en cuenta la intervención de Air-e.
También solicitó precisar si el contrato contiene cláusulas de confidencialidad que puedan limitar el acceso de las autoridades de control a sus términos y cómo las obligaciones derivadas del acuerdo fueron incorporadas al esquema de solución empresarial de Air-e.
Finalmente, el ente de control pidió información sobre el posible impacto de las inversiones y su financiación en las tarifas de los usuarios, así como determinar si los proyectos hacen parte de los planes de inversión reconocidos o susceptibles de reconocimiento regulatorio y qué medidas se contemplan para evitar una eventual duplicidad en su remuneración.
Eljach llamó además la atención sobre el momento en que se habría suscrito el acuerdo, al señalar que el entonces interventor de Air-e anunció su salida del cargo poco antes de la firma de una obligación de esta magnitud.