La entrada en vigencia de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que tendrían a su cargo los nuevos exámenes teóricos y prácticos para obtener o recategorizar licencias de conducción en Colombia, quedó suspendida por el Ministerio de Transporte. La decisión se conoció este viernes, luego de que salieran a la luz quejas disciplinarias y una denuncia penal contra la exministra María Fernanda Rojas y la exviceministra Lina Huari, relacionadas con presuntas irregularidades contractuales.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que la suspensión busca evitar que la implementación del nuevo sistema represente un golpe adicional para los conductores. Según explicó, el costo de una licencia podría pasar de aproximadamente $1,4 millones a más de $2 millones, lo que supondría un incremento cercano a $800.000. “No vamos a permitir que una licencia que hoy cuesta cerca de 1,4 millones de pesos pase a costar más de 2 millones”, afirmó la funcionaria al justificar la decisión.

Pero el debate no se limita al posible aumento de tarifas. El Ministerio anunció que revisará la capacidad de los centros, la legalidad de un contrato de 20 años con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y si el incremento en los costos realmente se traduce en mejoras para la seguridad vial. El esquema, de acuerdo con proyecciones citadas de la Universidad Surcolombiana, tendría la capacidad de movilizar más de $20 billones entre 2026 y 2045.

La controversia se intensificó por las denuncias que cuestionan las condiciones en las que fue seleccionado el operador. Los denunciantes pidieron investigar posibles hechos relacionados con alteración de las reglas del proceso, falsa motivación, desviación de poder y presunto favorecimiento contractual hacia la Unad. La preocupación radica, entre otros aspectos, en que cinco universidades públicas habían recibido concepto favorable, pero finalmente solo la Unad habría quedado vinculada al esquema.

Además, según información revelada por SEMANA, entre el 25 de julio y el 4 de agosto se pasó de no registrar ningún CALE habilitado en el RUNT a anunciar 32 centros pertenecientes a la Unad, al mismo tiempo que se establecía la obligatoriedad del examen teórico. Un día después del registro, cuando las condiciones del procedimiento ya no podían modificarse, la entonces ministra María Fernanda Rojas habría emitido una orden administrativa para garantizar la pluralidad y evitar un posible monopolio o exclusividad en el sistema. Con estos cuestionamientos sobre la mesa, el Gobierno deberá determinar ahora si el modelo puede entrar en operación bajo las condiciones previstas o si será necesario replantear su estructura.