La emergencia por incendios forestales en el Tolima comienza a mostrar señales de alivio, aunque las autoridades mantienen la alerta por los focos que continúan activos. La gobernadora Adriana Magaly Matiz informó que el departamento pasó de registrar 13 incendios en una jornada a cuatro focos activos, ubicados en Carmen de Apicalá, Suárez, Cunday y Armero. Tres de ellos, según el reporte entregado, continuaban siendo de gran magnitud.

La magnitud de la emergencia quedó reflejada en el despliegue de los organismos de socorro. El 14 de agosto se llegaron a registrar 31 incendios en 17 municipios, situación que llevó a movilizar hasta 600 bomberos, entre cuerpos oficiales y voluntarios provenientes de diferentes regiones del país. Aunque algunos focos han podido ser controlados, las autoridades ahora concentran esfuerzos en atender las consecuencias ambientales, económicas y sociales que dejaron las llamas.

Uno de los asuntos que más preocupación genera es la hipótesis de que algunos de los incendios pudieron ser provocados intencionalmente. Matiz señaló que ha encontrado coincidencias entre la aparición de varios focos, hechos violentos recientes y zonas con presencia de grupos armados ilegales y minería ilegal. “¿Son coincidencias o un plan macabro para afectar y alterar el departamento del Tolima y alterar la institucionalidad?”, cuestionó la gobernadora, quien, no obstante, aclaró que no puede asegurar quién estaría detrás de los incendios.

La mandataria aseguró que existen “indicios serios y graves” que justificarían una investigación penal y confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Entre los elementos que serán materia de investigación están reportes sobre recipientes con combustible encontrados en zonas afectadas y posibles evidencias del uso de acelerantes. Además, se conformó un equipo especializado con participación de Policía, Ejército, Fiscalía, organismos de control, Gobernación y organismos de socorro para establecer el origen de los incendios y determinar eventuales responsabilidades.

La emergencia también ha puesto en riesgo a quienes combaten las llamas. La gobernadora denunció que militares que trabajaban en un incendio en Suárez habrían recibido amenazas, incluyendo advertencias sobre el conocimiento de sus coordenadas y la posibilidad de un ataque con un dron cargado con explosivos, razón por la cual fueron retirados preventivamente. Mientras continúa el control de los últimos focos, el departamento enfrenta ahora una segunda emergencia: atender a cerca de 22.000 cabezas de ganado afectadas por la pérdida de pastizales, recuperar las zonas devastadas y asistir a las comunidades rurales. Para Matiz, lo ocurrido evidencia además la necesidad de fortalecer la prevención, tecnología y capacidad de respuesta frente a este tipo de desastres.