La Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo que enfrentan las comunidades de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo por la presencia y disputa de grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado.
La advertencia está contenida en la Alerta Temprana 019 de 2026, en la que la entidad señala que estas organizaciones estarían ejerciendo una “fuerte gobernanza” sobre la población civil mediante restricciones a la movilidad, imposición de “fronteras invisibles” y distribución de panfletos amenazantes.
Homicidios y confrontaciones
Según la Defensoría, el escenario de riesgo está relacionado principalmente con la disputa entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también identificado como ‘Clan del Golfo’, ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y otras estructuras criminales.
La ruptura de una tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ a comienzos de 2026 habría reactivado confrontaciones y retaliaciones armadas en sectores urbanos y rurales.
Uno de los principales indicadores de la situación es el aumento de los homicidios. En Sabanalarga, la tasa pasó de 9,23 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 31,55 en 2025, mientras que en Baranoa aumentó de 2,16 a 24,88 durante el mismo periodo.
La Defensoría también reportó hechos violentos en zonas rurales como la trocha La Tomatera, en la vía Baranoa–Polonuevo, y la carretera hacia Sibarco.
Amenazas y economías ilegales
La alerta advierte sobre la regulación y disputa de rentas provenientes de la extorsión, el microtráfico y el abigeato, además del uso de rutas terrestres y fluviales para movilizar armas, estupefacientes e insumos químicos.
También se han identificado homicidios selectivos, atentados, amenazas mediante panfletos y desplazamientos forzados “silenciosos”.
Comunidades especialmente vulnerables
Entre las poblaciones que enfrentan mayores riesgos se encuentran líderes sociales y defensores de derechos humanos, comunidades étnicas, mujeres, población migrante, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como comerciantes, ganaderos, mototaxistas y transportadores.
La Defensoría también advirtió sobre riesgos de reclutamiento, uso e instrumentalización criminal de menores de edad.
Piden intervención urgente
Ante el panorama, la Defensoría formuló 31 recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía y la Unidad para las Víctimas.
La entidad pidió activar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y adoptar medidas de protección, prevención y acceso a la justicia.
La Defensoría recordó que las Alertas Tempranas son instrumentos preventivos, no predictivos, cuyo objetivo es proteger la vida, libertad e integridad de las comunidades.
