La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó al presidente Abelardo De La Espriella por un video en el que aparece caminando entre los cuerpos de integrantes de las disidencias de las FARC abatidos durante una operación de las Fuerzas Militares.

Marín advirtió que el Estado no debe adoptar una lógica de competencia con los grupos armados para demostrar quién ejerce mayor violencia o genera más temor. “El Estado no puede dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, afirmó.

La funcionaria aclaró que sus cuestionamientos no ponen en duda la legitimidad de las operaciones militares, pero insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En ese sentido, sostuvo que, aunque existen circunstancias en las que el uso legítimo de la fuerza puede tener consecuencias letales, las muertes no pueden ser arbitrarias ni convertirse en una demostración de poder. Además, pidió garantizar un trato digno y respetuoso a las personas fallecidas.

“En la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, señaló la defensora, quien cuestionó que el Estado pueda adoptar conductas destinadas a intimidar o humillar al adversario.

Marín también se refirió a una página web denominada ‘Las bajas del tigre’, en la que se presentan cifras sobre personas muertas y otros resultados operacionales desde el 7 de agosto, cuando inició el actual Gobierno. Aunque indicó que no existe confirmación de que el portal sea oficial, pidió cautela frente a la manera en que se divulgan los resultados de las operaciones militares.

La defensora recordó que, en el pasado, la medición de los resultados de la Fuerza Pública basada principalmente en el número de bajas en combate estuvo relacionada con los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son investigados y juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

No obstante, precisó que no está sugiriendo que los cuerpos mostrados en el video correspondan a esa misma lógica. Su llamado, explicó, es a que la política de seguridad sea evaluada con indicadores más amplios, relacionados con la protección de la población, la reducción de la violencia y el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.