El Decreto 1368 de 2026 reactivó la vigencia de los permisos individuales de porte de armas que se encuentren vigentes y no tengan restricciones particulares, una decisión que volvió a poner el tema en el centro del debate nacional. Sin embargo, la medida no significa que se haya autorizado el porte libre de armas, pues las autoridades militares mantienen la facultad de expedir, renovar, suspender o revocar estas autorizaciones.

El costo también se convirtió en uno de los aspectos que genera mayor interés. De acuerdo con el catálogo de Industria Militar de Colombia (Indumil) citado en el informe, los precios de las armas de fuego disponibles legalmente pueden ubicarse aproximadamente entre los $5 millones y más de $27 millones, dependiendo de la referencia y de la modalidad autorizada. A esto deben sumarse otros gastos relacionados con certificaciones médicas, trámites administrativos, salvoconductos y pólizas, por lo que el valor final puede superar considerablemente el precio del arma.

Entre los gastos adicionales se encuentra el certificado de aptitud psicofísica, necesario para adelantar determinados trámites relacionados con la tenencia y el porte. El examen contempla aspectos como visión, audición y coordinación motriz, mientras que los derechos de trámite y otros requisitos administrativos representan costos adicionales. En el caso de una de las referencias de menor precio mencionadas en el informe, el desembolso inicial podría acercarse a $6,7 millones al sumar los diferentes conceptos.

La reapertura de los permisos tampoco implica que quienes hayan tenido una autorización vencida, suspendida, cancelada o revocada recuperen automáticamente su vigencia. Cada permiso continúa sujeto a las condiciones establecidas por la normativa y al control de las autoridades competentes. De esta manera, el decreto modifica la situación general de suspensión, pero mantiene el sistema de autorizaciones individuales.

La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella vuelve a poner sobre la mesa una discusión que va más allá del precio de las armas: qué tan conveniente resulta flexibilizar el acceso al porte en un país con altos niveles de violencia y cuáles deben ser los controles para evitar que las armas terminen aumentando los riesgos para la ciudadanía. El desafío para las autoridades será garantizar que cualquier autorización responda a criterios estrictos de legalidad, necesidad y control, y no se traduzca simplemente en una mayor circulación de armas de fuego.