La alerta se conoce después de que el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar realizaran una revisión de la entidad y anunciaran el traslado de presuntos hallazgos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para determinar si existen responsabilidades. 

Entre los aspectos bajo revisión aparecen modificaciones de la estructura administrativa, creación de cargos, contratos con una duración superior al periodo inicialmente previsto para la intervención, posibles incompatibilidades y cambios contractuales con eventuales impactos económicos. También se mencionaron denuncias relacionadas con presunto acoso laboral y posibles maniobras fraudulentas, asuntos que deberán ser verificados por las autoridades competentes. 

Uno de los casos que ha concentrado la atención corresponde al contrato de la entonces directora administrativa, María Teresa Carvajal Aguirre. Según documentación citada por medios locales, inicialmente fue vinculada mediante un contrato de obra o labor, pero posteriormente las condiciones fueron modificadas mediante un otrosí para establecer un contrato a término fijo por dos años. Una eventual terminación anticipada podría generar, según cálculos jurídicos reportados, una reclamación cercana a $1.500 millones. 

Además, se revisan otros contratos de altos directivos que tendrían vigencias de hasta tres años, pese a que la intervención de Comfamiliar Atlántico fue establecida inicialmente por 12 meses. Las autoridades deberán establecer si estas actuaciones se ajustaron a la normativa y si generaron algún perjuicio para los recursos de la caja. 

El Ministerio del Trabajo señaló que la documentación será entregada a los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, la intervención continúa y las autoridades han anunciado medidas orientadas a revisar la gestión administrativa y proteger los recursos destinados a los trabajadores afiliados y sus familias.