El Gobierno nacional formalizó 15 decretos derivados de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada el 19 de agosto mediante el Decreto 1261 y modificada el 31 de agosto con el Decreto 1348, en respuesta al terremoto que golpeó al país el 10 de agosto. El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es contundente: 335 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas, 36.478 viviendas destruidas y 206.931 averiadas, además de 758 edificios colapsados y afectaciones en 16 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda.

El primero de los decretos conocidos, el 1412, incorporó $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación de 2026, provenientes de un crédito externo de 200 millones de dólares, administrados junto al Fondo Milagro. El impacto económico total del sismo se calculó en al menos $30 billones, equivalentes al 1,5% del PIB, cifra que according to el propio Ejecutivo aún estaba en revisión. En el frente productivo, el Decreto 1418 reportó que 30.449 empresas habían informado afectaciones hasta el 25 de agosto, con pérdidas estimadas entre $3,6 billones y $10,7 billones, y hasta 1,9 millones de empleos en algún grado de riesgo.

En materia de vivienda, el Decreto 1422 flexibilizó el acceso a subsidios familiares, priorizando a los hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, y permitió que las Cajas de Compensación entreguen subsidios de arrendamiento por hasta 12 meses. De forma paralela, el Decreto 1423 suspendió por seis meses los desalojos y restituciones para arrendatarios afectados, congeló los reajustes de cánones y estableció topes para frenar la especulación en zonas de tragedia, además de habilitar el retiro de cesantías y créditos hipotecarios sin cuota inicial con tasas preferenciales del 8%.

El paquete también contempló el sector de infraestructura: el Decreto 1424 determinó que el Invías necesita $2,468 billones para atender vías, puentes e infraestructura fluvial, mientras la Aeronáutica Civil calculó $13.350 millones en obras aeroportuarias, con apoyos adicionales para sistemas de transporte público como el MIO de Cali, el sistema de Armenia y Megabús de Pereira. En el frente laboral, el Decreto 1417 dispuso que las personas que perdieron su empleo por la emergencia puedan recibir un salario mínimo mensual ($1.750.000), siempre que acrediten al menos seis meses de aportes parafiscales.

El resto de decretos completa un andamiaje normativo amplio: el 1413 busca atraer inversión privada a las zonas afectadas; el 1414 habilita recursos del Sistema General de Regalías para la reconstrucción; el 1415 fija disposiciones sanitarias; el 1416 protege al sector financiero, cooperativo y solidario; el 1419 ajusta temas tributarios, aduaneros y cambiarios; el 1420 flexibiliza la contratación estatal; el 1421 redirige recursos del FFIE hacia infraestructura educativa; el 1425 permite usar madera y otros materiales forestales decomisados para la reconstrucción; y el 1426 suspende temporalmente los requisitos de los programas de transferencias monetarias del DPS para que los damnificados no pierdan esos apoyos.