Unidades de la Fiscalía, a través de la estrategia contra delitos que afectan la libertad, integridad y formación sexual, capturaron mediante orden judicial a dos mujeres señaladas como presuntas responsables de actos de tortura contra un niño en el área metropolitana de Barranquilla, Atlántico.

Las detenidas fueron identificadas como Sindy Patricia Santiago Echeverría y Mileydis Nohemí Viloria Sanjuanelo, quienes fueron ubicadas y aprehendidas en los barrios Simón Bolívar y Nueva Esperanza, respectivamente. De acuerdo con la información oficial, ambas son investigadas por el delito de tortura en circunstancias de agravación punitiva.

La investigación era adelantada por la Fiscalía 12, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. Según los elementos recopilados durante las indagaciones, las presuntas agresiones contra el menor se habrían registrado desde el año 2024 y estarían relacionadas con su progenitora y la compañera sentimental de esta.

Uno de los aspectos señalados por la Fiscalía tiene que ver con la gravedad de las lesiones que habría sufrido el niño. De acuerdo con el informe oficial, fue necesario someterlo a una cirugía maxilofacial reconstructiva como consecuencia de las heridas.

La investigación también estableció, según la Fiscalía, que el menor se encontraba desescolarizado, situación que presuntamente habría impedido que docentes, autoridades u otras personas conocieran oportunamente las agresiones de las que habría sido víctima.

Los hechos son materia de investigación y serán puestos en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar la situación jurídica de las dos capturadas. La Fiscalía señaló que el caso reviste especial gravedad debido a que las mujeres investigadas tenían, presuntamente, una relación directa de cuidado y protección con el menor.

El proceso busca esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido las lesiones y establecer las responsabilidades individuales correspondientes, garantizando dentro del proceso judicial los derechos tanto de la víctima como de las personas investigadas.