La Defensoría del Pueblo pidió establecer límites claros para el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades, ante el anuncio de un protocolo que busca regular este tipo de intervenciones.

El organismo señaló que la autonomía universitaria no excluye el cumplimiento de la Constitución y la ley ni impide la actuación de las autoridades en circunstancias determinadas. Sin embargo, enfatizó que cualquier intervención dentro de los campus debe tener fundamento jurídico y respetar los derechos fundamentales de las comunidades educativas.

La entidad mencionó la flagrancia entre las circunstancias excepcionales que pueden permitir el ingreso de la Fuerza Pública, caso en el que, según explicó, no se requiere como regla general una autorización previa de las autoridades universitarias.

No obstante, advirtió que ninguna situación habilita actuaciones ilimitadas y que deben observarse los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

Protesta pacífica no justifica por sí sola el ingreso

La Defensoría aclaró que las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político no constituyen, por sí mismas, razones para justificar el ingreso de la Fuerza Pública a los campus.

También pidió diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta de las situaciones que involucren conductas violentas o delictivas.

Aunque reconoció que el Estado debe actuar frente a hechos violentos, señaló que estas actuaciones no deben convertirse en intervenciones generalizadas contra estudiantes, docentes, trabajadores u otros integrantes de las comunidades universitarias, ni generar restricciones generales a los derechos de reunión, manifestación y protesta pacífica.

Piden que el protocolo sea participativo

La Defensoría planteó que el diálogo, la mediación y la persuasión tengan un papel central en el manejo de los conflictos dentro de los campus, mientras que el uso de la fuerza sea excepcional y responda a una necesidad concreta.

Finalmente, solicitó participar en la construcción del protocolo y pidió que este establezca con claridad los casos excepcionales que permitirían la intervención, las responsabilidades de las autoridades, los mecanismos de coordinación y las garantías para prevenir posibles excesos en el uso de la fuerza.