La Defensoría del Pueblo se pronunció ante el anuncio de un protocolo para regular el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades y pidió diferenciar entre el ejercicio legítimo de la protesta y las situaciones que involucren conductas violentas o delictivas.
El Ministerio Público señaló que la autonomía universitaria no excluye a los campus del cumplimiento de la Constitución y la ley, ni impide la actuación legítima de las autoridades en circunstancias determinadas.
Sin embargo, la entidad enfatizó que cualquier intervención debe preservar la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales de quienes integran las comunidades educativas.
La flagrancia, una de las excepciones
La Defensoría explicó que existen circunstancias excepcionales en las que la Fuerza Pública puede intervenir dentro de una universidad. Entre ellas mencionó la flagrancia, caso en el que, según precisó, no se requiere como regla general una autorización previa de las autoridades universitarias.
“Sin embargo, ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y diferenciación”, señaló la entidad.
La Defensoría también aclaró que las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político, por sí mismas, no constituyen razones para justificar el ingreso de la Fuerza Pública a los campus.
“Se trata de expresiones legítimas de la comunidad universitaria y del derecho de estudiantes de reunirse y manifestarse pacíficamente en las universidades”, agregó.
El organismo insistió en la necesidad de evitar interpretaciones que equiparen automáticamente la protesta o la inconformidad con conductas violentas o delictivas.
Aunque reconoció que el Estado debe actuar frente a hechos violentos, advirtió que esas actuaciones no pueden traducirse en intervenciones generalizadas contra estudiantes, docentes, trabajadores u otros integrantes de la comunidad universitaria.
Tampoco, señaló, deben derivar en limitaciones generalizadas de los derechos de reunión, manifestación y protesta pacífica.
Piden participación en la elaboración del protocolo
La Defensoría del Pueblo planteó que el diálogo, la mediación y la persuasión deben ocupar un lugar central frente a los conflictos que puedan presentarse en los campus, mientras que el uso de la fuerza debe ser excepcional y responder a una necesidad concreta.
La entidad recordó además que Colombia tiene antecedentes de intervención de la Fuerza Pública en escenarios universitarios, por lo que pidió especial cuidado para evitar restricciones indebidas a derechos como la protesta, la libertad de expresión y la libertad académica.
Finalmente, solicitó que el protocolo sea construido mediante un proceso participativo y que establezca de manera clara los supuestos excepcionales que permitirían la intervención, las responsabilidades de las autoridades, los mecanismos de coordinación y las garantías destinadas a prevenir posibles excesos en el uso de la fuerza.
