La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena (Meta) denunció un presunto caso de violación de derechos humanos que habría ocurrido el pasado 22 de septiembre y en el que estaría involucrado personal del Ejército Nacional. Según el comunicado comunitario, Luis Carlos Mojica Guzmán habría muerto tras recibir varios disparos durante un procedimiento militar, mientras que su cuerpo habría sido retirado del lugar y actualmente se desconoce su paradero.
De acuerdo con el relato divulgado por la organización comunal, tropas militares llegaron hacia las 12:30 del mediodía a una vivienda rural donde se encontraba una familia campesina. La JAC asegura que los uniformados no se identificaron y que, durante el procedimiento, la campesina Yuli Andrea Motta Tovar habría sido retenida y sometida a agresiones físicas y tratos degradantes mientras era interrogada. Estas afirmaciones corresponden a la denuncia de la comunidad y deben ser verificadas por las autoridades competentes.
El episodio más grave, según la denuncia, ocurrió aproximadamente a las 3:35 de la tarde, cuando Luis Carlos Mojica Guzmán llegó hasta la vivienda para conocer lo que estaba sucediendo. La organización sostiene que el hombre no portaba armas y que, pese a ello, habría sido atacado a tiros por los militares. Los hechos, según el comunicado, ocurrieron en presencia de integrantes de la familia, y posteriormente el cuerpo habría sido retirado por miembros del Ejército, sin que hasta ahora la comunidad conozca su ubicación.
La información conocida preliminarmente señala que la unidad militar involucrada sería la Fuerza de Tarea Omega, encargada de operaciones en el suroriente del país contra estructuras armadas ilegales. La unidad habría recibido un derecho de petición para que entregue explicaciones sobre los hechos y estaría preparando una respuesta pública frente a los señalamientos. Hasta que concluya la investigación, no existe una determinación judicial que establezca responsabilidad penal de los uniformados.
Ante la gravedad de las denuncias, la Junta de Acción Comunal solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo realizar un seguimiento especial y adelantar una investigación independiente, imparcial y exhaustiva. También pidió garantías para los posibles testigos. Organizaciones como Indepaz reclamaron esclarecer las circunstancias de la muerte de Mojica Guzmán, determinar qué unidades participaron en el operativo y establecer qué ocurrió con el cuerpo, mientras avanzan las investigaciones oficiales.
