La Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pusieron bajo revisión el contrato suscrito entre Air-e y la empresa China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), en una operación que contempla recursos de hasta $1 billón para proyectos relacionados con el sistema eléctrico de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La revisión se realizó durante una mesa técnico-jurídica convocada por la Superservicios, en el marco del seguimiento preventivo que adelanta el Ministerio Público sobre la operación de la empresa intervenida. Durante la jornada fueron examinadas las obligaciones, condiciones técnicas y aspectos jurídicos del acuerdo, con el propósito de establecer el alcance del negocio y los compromisos que asumiría Air-e.

El contrato fue firmado por el entonces interventor de Air-e, Jaime Mesa Buitrago, pocos días antes de su salida, y contempla la posibilidad de gestionar financiación para proyectos de modernización, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los tres departamentos. La operación tendría una vigencia de 60 meses, una tasa de financiación del 5,2 % efectivo anual y un periodo de gracia de un año desde la entrada en operación de las obras.

Uno de los puntos centrales de la revisión está relacionado con la estructura jurídica y financiera del negocio. La Procuraduría solicitó información sobre las autorizaciones requeridas, garantías, fuentes de pago y posibles efectos sobre el endeudamiento, el flujo de caja y la sostenibilidad financiera de Air-e. También se analizan los proyectos que serían financiados, sus costos y los criterios utilizados para determinar cuáles recibirían los recursos.

La revisión también busca establecer qué impacto podrían tener las inversiones sobre la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía, así como sobre las tarifas que pagan los usuarios del Caribe. Por ahora, la actuación de los organismos de control corresponde a un seguimiento preventivo y de verificación, por lo que el análisis deberá determinar si las condiciones del contrato se ajustan a las obligaciones y garantías requeridas para una empresa actualmente intervenida.