La visita del expresidente Gustavo Petro a la Universidad del Atlántico este martes 29 de septiembre estuvo precedida por una controversia entre la Rectoría y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU). La administración decidió suspender durante toda la jornada las actividades académicas y administrativas presenciales en la sede Norte, mediante la Resolución 004281 del 28 de septiembre, mientras estaba previsto el encuentro denominado “Conversando con Petro” en la plazoleta del Bloque D.

La Rectoría, encabezada por Leyton Barrios, justificó la medida como una acción preventiva ante posibles riesgos para la seguridad de la comunidad universitaria. Según explicó el rector, la actividad no había sido autorizada formalmente, y sus organizadores no habrían presentado los permisos, pólizas, planes de contingencia y protocolos requeridos para utilizar los espacios institucionales. La Universidad también solicitó acompañamiento de la Policía en los alrededores de la sede Norte.

La decisión generó una respuesta de ASPU, que mantuvo la convocatoria al encuentro y defendió el derecho de estudiantes, profesores y trabajadores a participar en discusiones sobre asuntos públicos dentro de la institución. El sindicato sostuvo que el Estatuto General de la Universidad reconoce la expresión social y cultural, el disenso y la participación política individual y colectiva de los integrantes de la comunidad universitaria.

La controversia coincidió además con el proceso de elección de representantes estudiantiles y de otros estamentos ante el Consejo Superior y órganos colegiados, previsto para los próximos días. La Rectoría señaló que la participación de un actor político externo podía tener incidencia en ese proceso interno, mientras que ASPU rechazó esa interpretación y sostuvo que la Universidad debe continuar siendo un espacio para el debate de diferentes posiciones.

Durante la visita, Petro sostuvo un encuentro con representantes de ASPU y profesores universitarios, en el que uno de los asuntos centrales fue la financiación de la educación superior pública. El debate se produce mientras avanza la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027: según cifras divulgadas por la Gobernación del Atlántico, la propuesta contempla una reducción de $635.823 millones en recursos de inversión para el departamento, incluyendo una disminución proyectada de $68.430 millones para educación.