El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en un giro de su política energética con la propuesta de incorporar casi 20 millones de hectáreas a nuevas áreas destinadas potencialmente a actividades de exploración y explotación de petróleo y gas. La medida está contemplada en la Resolución 0614 del 2 de octubre de 2026, expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y contempla zonas tanto en territorio continental como en aguas del Caribe.

La propuesta comprende 12 áreas distribuidas en diferentes cuencas sedimentarias del país. Entre ellas se encuentran Catatumbo, Chocó, Cordillera Oriental, Llanos Orientales, Sinú-San Jacinto, Valle Inferior, Medio y Superior del Magdalena, además de cuatro zonas costa afuera: Cuenca Colombia, Guajira Offshore, Sinú Offshore y Urabá. Algunas de las extensiones más grandes corresponden a áreas marítimas, con millones de hectáreas proyectadas para actividades relacionadas con hidrocarburos.

En tierra, la reserva incluye territorios de departamentos como Norte de Santander, Chocó, Boyacá, Casanare, Huila, Cundinamarca, Santander, Tolima, Meta, Vichada, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Magdalena. La ANH plantea estas áreas como una ampliación de las disponibles actualmente en el Mapa de Tierras, lo que podría abrir el camino para nuevos procesos de exploración y eventuales contratos, aunque la reserva de las áreas no significa que en ellas ya exista explotación petrolera o gasífera.

La decisión representa un cambio frente a la política adoptada durante el Gobierno de Gustavo Petro, que había restringido la apertura de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. La administración de De la Espriella busca ahora incentivar nuevamente la exploración y atraer inversión al sector, en un contexto marcado por la preocupación sobre la capacidad del país para garantizar su abastecimiento energético. Uno de los puntos centrales del debate es el gas natural, debido a que Colombia dejó de ser autosuficiente en este energético y ha incrementado su dependencia de importaciones para atender la demanda nacional.

De concretarse los procesos derivados de esta nueva delimitación, el Gobierno tendría ante sí una apuesta por recuperar la exploración de hidrocarburos y fortalecer la producción nacional de petróleo y gas. Sin embargo, el alcance de la medida también abre interrogantes sobre sus efectos ambientales, territoriales y económicos, especialmente en las zonas marítimas y en regiones donde existen actividades agrícolas, comunidades y otros usos del territorio. El desarrollo de los futuros procesos de asignación permitirá determinar hasta dónde llegará este nuevo rumbo de la política energética colombiana.