El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá los traslados de personas privadas de la libertad, pese al ataque armado contra dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla. El pronunciamiento se produjo después del atentado ocurrido la noche del sábado 10 de octubre, en el que resultaron heridos dos dragoneantes adscritos a la Penitenciaría El Bosque.
A través de sus redes sociales, el mandatario advirtió que las agresiones y amenazas contra los guardianes no quedarán impunes. “Los criminales se sienten ofendidos por los traslados y creen que, intimidando a nuestros guardianes, lograremos que retrocedamos. Se equivocan: los protegeremos, encontraremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia. Los traslados continuarán”, manifestó, al ratificar que las medidas de control penitenciario seguirán adelante.
Las víctimas fueron identificadas como Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, dragoneantes provisionales que, según la información conocida, se movilizaban en una motocicleta después de terminar su turno. En el barrio San Martín, sobre el sector de La Cordialidad, habrían sido interceptados por dos hombres que viajaban en otro vehículo similar. El parrillero habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones. Ambos funcionarios fueron trasladados a la Clínica San Ignacio para recibir atención médica.
Tras el atentado, el Ministerio de Justicia y el Inpec rechazaron el ataque y anunciaron el refuerzo de las medidas de prevención y autoprotección, en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades. En un comunicado, las entidades también alertaron sobre mensajes intimidatorios que presuntamente estarían relacionados con recientes traslados de internos y posibles acciones violentas contra integrantes del sistema penitenciario. Entre las personas que habrían recibido amenazas figuran el presidente, el ministro de Justicia, Iván Cancino González, y el director general del Inpec, Daniel Gutiérrez.
Sin embargo, las autoridades precisaron que la autenticidad, procedencia y alcance de esos mensajes continúan bajo verificación, y que no se ha confirmado una relación directa entre las amenazas y el atentado contra los dos dragoneantes en Barranquilla. Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque, el Gobierno insiste en que mantendrá los traslados penitenciarios. El caso vuelve a poner en primer plano la seguridad de los funcionarios carcelarios y los desafíos que enfrenta el Estado para ejercer el control dentro de los establecimientos penitenciarios.
