Verónica Alcocer presentó un derecho de petición ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el vicefiscal, Gilberto Javier Guerrero Díaz, para que se le informe si se abrió una nueva indagación o investigación penal a raíz de las declaraciones que Eva Ferrer dio el pasado 9 de octubre. El documento, fechado el 13 de octubre, también solicita conocer el número de radicación y el despacho asignado, o establecer si los hechos serán incorporados a una actuación existente.

En el escrito, Alcocer rechazó las acusaciones que buscan relacionarla con presuntos hechos ocurridos en Venezuela y sostuvo que, según lo manifestado por Ferrer, estos se basarían en información recibida de terceras personas. Asimismo, indicó que ya tiene conocimiento de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, relacionada con señalamientos anteriores, y precisó que, según la información que ha recibido, esta sería distinta de la posible nueva actuación.

Sobre sus desplazamientos a Venezuela, Alcocer afirmó que viajó en dos oportunidades durante 2023: el 31 de enero, como parte de una delegación oficial, y el 18 de noviembre, en compañía del entonces presidente Gustavo Petro. Aseguró que existen agendas institucionales, registros y material audiovisual que permiten verificar esas visitas. También informó que su equipo jurídico recopila información con apoyo de investigadores forenses para ponerla a disposición de las autoridades.

El pronunciamiento se conoce en medio de las actuaciones reportadas por la Fiscalía frente a las declaraciones de Ferrer, quien fue citada nuevamente a comparecer el 14 de octubre, según información divulgada por medios nacionales. Por su parte, el abogado de Ferrer informó que coordina con la Fiscalía la entrega de elementos relacionados con sus señalamientos. Estas actuaciones no constituyen, por sí mismas, una comprobación de las acusaciones.

Alcocer reiteró su disposición a colaborar con la justicia y pidió que los hechos se esclarezcan mediante pruebas legalmente obtenidas. Hasta que las autoridades se pronuncien sobre el alcance de las actuaciones y se verifiquen los señalamientos, las afirmaciones de ambas partes deben entenderse dentro de ese proceso de esclarecimiento.