La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
De acuerdo con el ente acusador, los exfuncionarios habrían convocado reuniones, impartido directrices y realizado seguimiento a proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el supuesto propósito de beneficiar a determinados congresistas y asegurar su respaldo a iniciativas del Gobierno en el Senado y la Cámara de Representantes.
Según los elementos materiales probatorios, la Fiscalía identifica tres momentos clave en los hechos investigados. Entre junio y septiembre de 2023, los exministros habrían intervenido en 78 contratos —73 en Invías y 5 en la UNGRD— por un valor aproximado de 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron.
En un segundo periodo, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales de la UNGRD destinados a la atención y mitigación de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un monto total de 86.619 millones de pesos. Aunque estos contratos no se firmaron, la Fiscalía señala que los congresistas involucrados deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, se les atribuye haber mediado para que un contrato de la UNGRD, proyectado en Sahagún (Córdoba) y valorado en 35.000 millones de pesos, fuera adjudicado a personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado. Este proceso tampoco llegó a concretarse.
El proceso judicial continuará en etapa de juzgamiento, en la que los exministros podrán ejercer su derecho a la defensa y controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía.
