En su segunda alocución dominical, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro ha dejado al descubierto “cientos de irregularidades” y anunció la creación de un grupo de abogados para promover acciones penales y disciplinarias. Sin embargo, hasta el momento no ha presentado públicamente documentos o investigaciones que respalden varias de las denuncias expuestas durante su intervención.

Entre los anuncios, De la Espriella afirmó que el país enfrenta una “bomba fiscal” y ordenó revisar el estado de las finanzas públicas, al tiempo que anticipó decretos para reducir el gasto estatal y la carga tributaria, además de una renegociación de la deuda externa. No obstante, el mandatario electo no explicó el impacto fiscal de estas medidas ni detalló cómo se financiarán los programas que ha prometido durante su campaña.

En materia de seguridad, confirmó que pondrá fin a la política de “paz total”, reactivará órdenes de captura contra cabecillas de grupos armados y desmontará las mesas de diálogo existentes. También aseguró que algunos jefes de estructuras criminales ya manifestaron su intención de someterse a la justicia, aunque no entregó información sobre el mecanismo jurídico mediante el cual se desarrollaría ese proceso.

De la Espriella también calificó como “crítica” la situación del sistema de salud y anunció un plan de choque de 90 días, además de nuevas denuncias contra funcionarios del gobierno saliente. Sus declaraciones marcan el tono de una transición caracterizada por fuertes cuestionamientos a la administración de Gustavo Petro, aunque buena parte de los señalamientos anunciados por el presidente electo aún están pendientes de ser sustentados oficialmente.