El presidente Abelardo de la Espriella volvió a dejar en claro que su promesa de campaña contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue vigente, aunque ahora con un matiz: en lugar de cerrarla de un plumazo, celebra con entusiasmo cualquier intento de asfixiarla presupuestalmente. El mandatario respaldó públicamente en redes sociales la propuesta del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien radicó dos proposiciones para quitarle $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento a la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.
No es un dato menor que Gómez sea, según la propia reconstrucción de los hechos, una de las fichas más cercanas al jefe de Estado en el Congreso, hermano del ministro de Hacienda y sobrino del histórico dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. La cercanía política entre proponente y presidente alimenta las dudas sobre si se trata de una decisión técnica de austeridad o de una jugada coordinada desde la Casa de Nariño para debilitar a un tribunal que el propio De la Espriella cuestionó abiertamente desde campaña.
La respuesta del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, no se hizo esperar y fue contundente: habló de una "estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP" y denunció que la iniciativa, respaldada por el propio jefe de Estado, "afectaría de forma directa el cumplimiento de nuestras funciones". Ramelli fue más allá al calificar el movimiento como parte de una "estrategia combinada de asfixia económica y de sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar", en lo que describió como el ataque más grave sufrido por la entidad desde su creación.
El magistrado anunció que llevará el caso ante organismos de peso internacional, entre ellos el Consejo de Seguridad de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, además de los países garantes del Acuerdo de Paz de 2016. Se trata de una escalada diplomática inusual para un conflicto que, hasta ahora, se había librado únicamente en el terreno político y presupuestal interno.
El trasfondo de esta pelea no es nuevo: desde su discurso de posesión, De la Espriella ya había anticipado que su Gobierno "revisaría" el funcionamiento de la JEP, cuestionando que la justicia transicional pudiera convertirse, en sus palabras, en un "mecanismo de indulgencia". Ramelli le respondió entonces —y lo reiteró ahora— poniendo el acento en las víctimas atendidas por el tribunal durante una década de funcionamiento, y rechazando que los problemas de seguridad del país puedan atribuirse al Acuerdo de Paz. La disputa, lejos de apaciguarse, parece apenas comenzar.
