La Gobernación del Atlántico informó que, en lo corrido de 2026, ha logrado recuperar más de un millón de litros de agua como resultado de operativos realizados en zonas rurales del departamento, dentro de una estrategia orientada a combatir el hurto del recurso hídrico y garantizar su distribución a la población.
Las acciones se han desarrollado en articulación con la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la empresa operadora Aqualia, permitiendo intervenir más de 120 conexiones ilegales en municipios del sur y de la zona oriental. Según la administración departamental, estas conexiones eran utilizadas principalmente por grandes finqueros, agricultores y ganaderos para abastecer actividades productivas de forma irregular.
De manera paralela, el departamento ha interpuesto 36 denuncias penales contra presuntos responsables de estas prácticas, quienes enfrentan procesos judiciales.
De acuerdo con el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, los resultados reflejan una acción institucional sostenida frente a este delito y buscan sentar un precedente en la protección del recurso hídrico.
Por su parte, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, señaló que el departamento ha realizado inversiones superiores a 1,3 billones de pesos para ampliar la cobertura, mejorar la continuidad del servicio y llevar agua potable a comunidades que antes no contaban con este suministro. La funcionaria indicó que el hurto de agua impacta directamente a la ciudadanía al afectar la presión y la estabilidad del sistema.
Uno de los casos señalados por la administración se registró en el municipio de Luruaco, donde en una línea de conducción de aproximadamente 8 kilómetros que abastece al corregimiento de Santa Cruz se detectaron 27 conexiones ilegales. Según el reporte, estas derivaciones reducían el bombeo de 22 litros por segundo a 5 litros por segundo, generando fallas en la presión e interrupciones en el servicio.
En zona rural de Manatí, las autoridades identificaron 33 conexiones ilegales en fincas privadas. En este punto, el hurto estimado sería de 1.500 metros cúbicos diarios, con pérdidas calculadas en 2.000 millones de pesos, afectando a más de 40.000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.
Desde el componente técnico, el coordinador operativo de Aqualia, Julián Pacheco, explicó que las derivaciones clandestinas en tuberías principales alteran el equilibrio hidráulico del sistema, provocando caídas de presión, intermitencias y dificultades en la continuidad del servicio, especialmente en sectores más alejados.
La Gobernación reiteró que continuará fortaleciendo los operativos en el territorio con el objetivo de proteger el agua como bien público esencial y asegurar que el recurso llegue de manera legal, continua y con calidad a los hogares del departamento.
