El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó una sanción por desacato contra el presidente Gustavo Petro, tras establecer que no cumplió con la orden judicial que le exigía rectificar una serie de declaraciones realizadas en espacios públicos y en redes sociales.

La decisión contempla una multa equivalente a 10 salarios mínimos, luego de que el jefe de Estado no se retractara dentro del plazo establecido por la autoridad judicial.

El proceso tuvo origen en una acción de tutela interpuesta por Jaime Miguel González Montaño, quien argumentó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el debido proceso.

En noviembre de 2025, el tribunal había ordenado al mandatario rectificar varias afirmaciones emitidas a través de la red social X y en intervenciones públicas, en las que hacía referencia a supuestas irregularidades en la EPS Coosalud.

El fallo indicaba que dicha rectificación debía realizarse en un plazo de cinco días y utilizando los mismos canales de difusión en los que fueron emitidas las declaraciones.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos, especialmente cuando sus pronunciamientos pueden afectar derechos fundamentales de terceros.

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