La Corte Constitucional dejó sin efectos el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026, que imponía un cobro a las generadoras de energía con el fin de garantizar la prestación del servicio eléctrico durante el estado de emergencia económica y social.

La decisión fue adoptada mediante la Sentencia C-115 de 2026, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, y aprobada por la Sala Plena con una votación de 8-0. El magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño aclaró su voto, mientras que Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó por impedimento.

El alto tribunal explicó que la norma fue declarada inexequible “por consecuencia”, debido a que previamente también se había tumbado el Decreto 1390 de 2025, que sustentaba la declaratoria de emergencia, mediante la Sentencia C-075 de 2026.

En cuanto a los efectos de la decisión, la Corte determinó que el cobro aplicado tendrá carácter retroactivo, lo que implica que los recursos recaudados deberán ser devueltos o compensados a las empresas. Para este proceso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contará con un plazo máximo de seis meses.

Respecto a la energía suministrada bajo este esquema, el tribunal indicó que las compañías podrán reconocer estos valores en el impuesto de renta. En caso de superar los límites legales, dichos montos podrán ser compensados en periodos posteriores.

Para hacer efectiva esta compensación, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) deberá certificar la cantidad de energía entregada y su valor, garantizando así la correcta aplicación de las medidas.

Cabe recordar que este decreto ya había sido suspendido provisionalmente desde el 6 de febrero de 2026, mientras la Corte adelantaba el estudio de fondo sobre su constitucionalidad.