La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequibles dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro que otorgaban autonomía presupuestal y facultades de contratación al Consejo Nacional Electoral.

La decisión fue adoptada de manera unánime mediante la sentencia C-116 de 2026, luego de que el alto tribunal concluyera que dichas disposiciones no tenían relación directa con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo, vulnerando así el principio de unidad de materia exigido en las leyes.

Con el fallo, el CNE perderá la sección independiente que tenía dentro del Presupuesto General de la Nación y la administración de los recursos volverá a estar bajo control de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asimismo, la presidencia del organismo electoral ya no podrá ordenar gastos ni celebrar contratos de manera autónoma.

Sin embargo, la Corte determinó que los efectos de la decisión comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2027, teniendo en cuenta la cercanía del calendario electoral en el país. Mientras tanto, el Congreso tendrá la posibilidad de tramitar una nueva regulación sobre el régimen presupuestal del Consejo Nacional Electoral.

La ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés, mientras que el magistrado Vladimir Fernández se declaró impedido para participar en la discusión debido a que intervino en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo cuando se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia.

La demanda fue presentada por el abogado Víctor Manuel Bernal Callejas, quien argumentó que el Congreso incurrió en una violación al principio de unidad de materia al incluir esos artículos dentro del Plan Nacional de Desarrollo.