La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, le imputara los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que el mandatario no aceptó.

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que vincularían al alcalde con presuntas presiones económicas y administrativas para favorecer la expedición y ampliación de una licencia urbanística y de construcción.

Según el expediente, el 8 de junio de 2025 Gamboa Chaparro habría solicitado a la representante legal de la empresa Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. contratar a una persona específica para prestar asesorías relacionadas con trámites ante la administración municipal.

La investigación indica además que posteriormente el alcalde habría pedido incrementar el salario de esa persona, quien permaneció vinculado durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.

La Fiscalía sostuvo que el 4 de marzo de 2026 el mandatario presuntamente solicitó a la empresaria 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor establecido para la ampliación de una licencia de construcción. La supuesta exigencia habría quedado registrada en mensajes de voz y, posteriormente, en una llamada telefónica, el alcalde habría retirado la petición económica.

Dos días después, el 6 de Marzo, Gamboa Chaparro expidió una resolución que, según la Fiscalía, habría sido una retaliación porque la empresaria no accedió a las presuntas exigencias. El ente acusador aseguró que el mandatario estaría inmerso en un posible conflicto de intereses y que la actuación constituiría una desviación de poder.

Como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción del proyecto inmobiliario.

Adicionalmente, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos.

Durante las audiencias, la defensa del alcalde aseguró que los audios y demás pruebas aportadas al proceso estarían presuntamente alterados, afirmación que, según indicó, estaría respaldada por un supuesto peritaje técnico.

Pese a ello, la juez de garantías consideró procedente imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial contra el mandatario local.