La decisión se produjo luego de que el ente acusador solicitara revocar la determinación que declaró ilícitas dichas declaraciones. Según la Fiscalía, los interrogatorios fueron entregados de manera libre, voluntaria y espontánea, sin estar condicionados a una negociación formal para la obtención de beneficios judiciales, como un principio de oportunidad o un preacuerdo.

No obstante, el juez consideró que, tras revisar nuevamente los argumentos expuestos por las partes y el contexto en el que se obtuvieron las declaraciones, no existían razones para modificar la decisión adoptada previamente.

Durante su intervención, Carbonó señaló que los interrogatorios no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro del marco de los acercamientos que se adelantaban entre la defensa y la Fiscalía para una eventual aplicación de mecanismos de justicia premial.

El funcionario judicial indicó que las manifestaciones realizadas por Nicolás Petro estuvieron vinculadas a conversaciones orientadas a la posible concesión de beneficios judiciales. En ese sentido, explicó que el hecho de que finalmente no se hubiera concretado un principio de oportunidad no elimina el contexto bajo el cual fueron entregadas las declaraciones ni habilita su utilización posterior en contra del procesado.

Asimismo, el juez acogió los argumentos expuestos por el Ministerio Público y la defensa, al considerar que admitir dichos interrogatorios vulneraría garantías fundamentales del acusado, especialmente su derecho a no autoincriminarse.

Con esta determinación, los interrogatorios de Nicolás Petro permanecerán excluidos del juicio oral que se adelanta en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.