De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria habría promovido de manera irregular un proceso penal en Colombia con el propósito de generar obstáculos legales que retrasaran o evitaran la entrega del señalado narcotraficante a la justicia estadounidense.

Las autoridades determinaron que Fernández Chávez incurrió en actos de corrupción judicial al utilizar indebidamente las herramientas de la Fiscalía para favorecer al procesado. La actuación irregular quedó al descubierto durante las pesquisas adelantadas por los organismos competentes, que recopilaron pruebas sobre la presunta manipulación del sistema judicial.

El Tribunal concluyó que la entonces fiscal actuó de forma contraria a sus deberes como servidora pública, afectando la administración de justicia y comprometiendo la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

La sentencia fue emitida en primera instancia, por lo que aún proceden los recursos legales correspondientes. Sin embargo, el fallo representa un nuevo golpe contra las redes de corrupción que buscan interferir en procesos relacionados con el crimen organizado y las extradiciones.