Según el documento, las indagaciones se originaron tras las denuncias presentadas por el senador Iván Cepeda, las cuales comprometerían a un grupo de EPS presuntamente vinculadas a antiguos jefes paramilitares. De acuerdo con la información difundida, estas entidades habrían realizado giros al empresario Joaquín Gutiérrez y al abogado Abelardo de la Espriella mediante contratos que superarían los 18 mil millones de pesos, recursos que tendrían origen parafiscal.
Uno de los principales hallazgos reportados por la Superintendencia señala que un contrato por 18 mil millones de pesos, presuntamente adjudicado a Abelardo de la Espriella, habría sido ocultado al contralor designado por la entidad para ejercer vigilancia sobre la EPS investigada.
“El primer hallazgo es muy grave, el contrato por 18 mil millones de pesos entregado a Abelardo de la Espriella fue ocultado al Contralor designado por la Superintendencia de Salud”, aseguró Quintero al divulgar el informe.
Asimismo, el comunicado indica que las carpetas que contenían información relacionada con las pesquisas sobre el origen de los recursos utilizados para pagar dicho contrato habrían sido eliminadas o retiradas de las bases de datos en años anteriores.
No obstante, la Superintendencia afirmó que, tras revisar más de 10 mil documentos, logró establecer que la investigación sí existió y que incluso se remitieron compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría para su correspondiente análisis.
El documento también menciona un presunto desvío de más de 160 mil millones de pesos hacia una empresa fachada en Panamá, hecho que forma parte de las investigaciones que actualmente adelantan las autoridades.
Finalmente, la Superintendencia sostuvo que entregará a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría las pruebas recopiladas durante el proceso investigativo, reiterando su compromiso de combatir la corrupción en el sistema de salud y de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Las denuncias y hallazgos mencionados hacen parte de investigaciones en curso, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar eventuales responsabilidades.
