Según la Fiscalía, González Ardila aceptó su responsabilidad y, a cambio, recibiría una condena de 11 años de prisión. El ente acusador sostiene que el procesado habría esperado en motocicleta cerca del parque El Golfito para facilitar la huida del menor señalado de ejecutar el ataque, plan que no se concretó debido a la captura del adolescente.

Durante la audiencia, los representantes de las víctimas solicitaron al juez no avalar el acuerdo al considerar que la reducción de la pena es desproporcionada frente a la gravedad de los hechos. Además, cuestionaron la eliminación de un agravante relacionado con la condición de servidor público de Miguel Uribe y pidieron que se valore el contexto completo del caso.

Tras escuchar a las partes, el juez aplazó la decisión sobre el preacuerdo y programó una nueva audiencia para el próximo 6 de agosto, cuando definirá si la negociación cumple los requisitos legales para ser aprobada.