La administración departamental explicó que cada instalación debe cumplir requisitos relacionados con señalización, calibración de los equipos y viabilidad de la infraestructura. La decisión final sobre la autorización corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y, en corredores nacionales concesionados, también interviene la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El director del Instituto de Tránsito, Carlos Granados, rechazó que el número de cámaras pueda cuestionarse mediante comparaciones con otros departamentos. Señaló que la normativa no establece una cantidad determinada por kilometraje y que cada punto debe justificarse individualmente.
Entre los estudios citados está el de Playa Mendoza, donde se registró una velocidad promedio de 81 km/h y máximas de 107 km/h en automóviles. En Sombrero Vueltiao, el 94 % de los vehículos analizados superó el límite de 40 km/h, con una velocidad promedio de 62,5 km/h.
La Gobernación también cita evidencia internacional, incluida una revisión de Cochrane, según la cual los radares han sido asociados con reducciones de entre 8 % y 49 % en los siniestros en sus zonas de influencia.
No obstante, estos resultados internacionales no significan que cualquier cámara instalada en cualquier punto produzca automáticamente una reducción de accidentes. La efectividad depende de factores como la ubicación, los límites establecidos, la señalización y las condiciones de cada corredor.
Por ello, además del cumplimiento de los requisitos administrativos, resulta relevante que los estudios que sustentan cada punto sean públicos y que posteriormente se puedan medir resultados concretos en reducción de velocidades, siniestros, lesiones y muertes.
El debate, en consecuencia, no debería centrarse únicamente en cuántas cámaras tiene el Atlántico frente a otros departamentos, sino en si cada dispositivo está técnicamente justificado y contribuye efectivamente a salvar vidas, sin que la función sancionatoria termine desplazando el objetivo principal de la seguridad vial.
