El expresidente Gustavo Petro reaccionó al denominado ‘Libro de la verdad’, documento presentado por la administración de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, en el que se advierten presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de su Gobierno en diferentes sectores del Estado.

A través de su cuenta en X, Petro cuestionó la naturaleza del documento y afirmó que “no hay libro forense entregado por el presidente Abelardo a la Fiscalía”. El exmandatario sostuvo además que los 23 hechos señalados por la actual administración corresponden a políticas públicas defendidas durante su Gobierno y que, a su juicio, no constituyen delitos.

Petro también aseguró que, en los casos donde eventualmente se configure una conducta delictiva, deberán actuar las autoridades competentes. Para respaldar su posición, comparó el informe con el denominado ‘libro blanco’ presentado en Antioquia durante la administración de Federico Gutiérrez, señalando que en ese caso, según su interpretación, no terminaron en acusaciones las denuncias inicialmente planteadas.

Entre los principales cuestionamientos incluidos en el informe del Gobierno actual aparece la presunta baja ejecución de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El documento señala una ejecución del 4,3 % del presupuesto previsto para el cuatrienio, frente a recursos que alcanzarían los $15,3 billones, además de advertir sobre el no reintegro de $240.766 millones relacionados con el caso de los carrotanques destinados a La Guajira.

El informe también menciona investigaciones y procesos judiciales relacionados con antiguos funcionarios de la administración Petro, entre ellos Olmedo López, Sneyder Pinilla, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes. El cruce de declaraciones entre el actual Gobierno y el expresidente se produce mientras continúa el debate político y jurídico sobre las actuaciones de la anterior administración.