Una denuncia fue presentada ante la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por un presunto pago irregular de $300 millones que, según el denunciante, habría sido solicitado en 2018. El informe también plantea posibles operaciones de lavado de activos relacionadas con Serfinanza, entidad perteneciente al grupo empresarial de la familia Char.
El documento fue radicado el 13 de agosto de 2026 ante esta dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense. Su autor es Luis Enrique Guzmán Chams, representante legal y accionista de GPS Construcciones del Caribe S.A.S., quien presentó el informe a título personal, dejó constancia de su identidad y no solicitó reserva sobre el contenido de la denuncia.
El señalamiento está relacionado con un contrato por $1.658 millones para obras en la cárcel El Bosque de Barranquilla, adjudicado en 2017 a GPS Construcciones durante una declaratoria de urgencia manifiesta. Guzmán Chams sostiene que habría entregado $300 millones en 2018 y asegura que previamente ha aportado información ante autoridades colombianas sobre este y otros contratos públicos, entre ellos el denominado megatanque, cuyo valor superó los $36.000 millones.


La denuncia presentada en Estados Unidos también incorpora señalamientos previos del empresario, quien afirma que en el caso del megatanque habría tenido que entregar $2.300 millones a Char. Guzmán Chams asegura que lleva más de seis años colaborando con la justicia colombiana, pero sostiene que hasta ahora no se habría concretado un principio de oportunidad, un preacuerdo ni una investigación de la Corte Suprema derivada de la información que ha entregado. Estas afirmaciones corresponden a la versión del denunciante y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.
El caso adquiere una dimensión internacional debido a que el informe fue presentado ante FinCEN, organismo del Tesoro estadounidense encargado de combatir el lavado de activos y otros delitos financieros. La denuncia plantea posibles vínculos entre los hechos señalados y el sistema financiero de Estados Unidos, por lo que el eventual avance dependerá de la valoración que hagan las autoridades estadounidenses y colombianas sobre la información aportada. Hasta el momento, los señalamientos descritos corresponden a una denuncia y deberán ser objeto de verificación por las autoridades competentes.