Las organizaciones advirtieron que la medida restringe el acceso a información local de comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas ubicadas principalmente en municipios PDET. Según la FLIP, estas emisoras llegan a más de 463.000 personas y cumplen una función informativa que no puede ser reemplazada por una programación musical centralizada desde Bogotá.

La suspensión se produjo el lunes 17 de agosto, cuando los directores de las emisoras recibieron la instrucción de detener su programación habitual. Desde el día siguiente, las señales fueron enlazadas con Bogotá y comenzaron a transmitir principalmente música.

La FLIP señaló que esta decisión afecta el modelo descentralizado de radio pública construido desde 2014 y limita la posibilidad de que las comunidades conozcan oportunamente hechos que puedan afectar su seguridad. Además, sostuvo que una eventual reorganización del sistema de medios públicos podría realizarse mediante medidas menos restrictivas, sin suspender de manera generalizada los contenidos informativos y territoriales.

La controversia surgió en medio de la transformación anunciada por el Ministerio TIC para el Sistema de Medios Públicos. El Gobierno informó el 16 de agosto cambios en la programación y una revisión de más de 1.000 contratos suscritos durante 2026.

La administración entrante sostiene que las modificaciones son transitorias y ha planteado fortalecer los contenidos regionales. La directora de Inravisión, Ángela María Mora Soto, quien asumió el cargo el 12 de agosto, ha señalado que su gestión buscará impulsar producciones y series desde las regiones.

Frente a este escenario, la FLIP pidió restablecer de inmediato la programación informativa de las emisoras y reclamó que cualquier proceso de reorganización respete el derecho fundamental a informar y recibir información y los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.

Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), MOE y AMARC.